Publications of the European Court of Human Rights.

Serie A: Judgments and Decisions

Vol. 30

El caso del "Sunday Times", también conocido como el "caso de la talidomida", plantea un tema que ha tenido enormes repercusiones en la opinión pública, no sólo desde el punto de vista jurídico, ya que se refiere a uno de los derechos esenciales, cual es el derecho a la libertad de expresión y los limites impuestos en una sociedad democrática en función del respeto que se debe al poder judicial, sino también, y desde el punto de vista humano, por los gravísimos problemas que planteaba en relación con el nacimiento de personas con deformaciones monstruosas fruto de la talidomida.

En efecto, una sociedad farmacéutica británica (la "Distillers") comercializó a finales de los años 50 un medicamento con efectos sedantes, prescripto especialmente para mujeres embarazadas, que contenía talidomida; éstas dieron a luz a niños que sufrían malformaciones. Los padres de los niños malformados denunciaron a la sociedad haciéndola responsable de negligencia en la producción y comercialización del medicamento. Sin embargo, muchas de las acciones emprendidas se resolvieron amistosamente mediante las negociaciones llevadas a cabo entre la sociedad y los padres, aunque algunos de ellos no quisieron llegar un acuerdo, puesto que no aceptaban las condiciones propuestas por la sociedad.

Durante este tiempo aparecieron en la prensa artículos sobre los niños víctimas de la talidomida. El "Sunday Times" fue uno de los periódicos que publicó un artículo examinando el problema, y muy especialmente las propuestas de acuerdo entre los padres y la sociedad, calificándolas de grotescas en relación con los perjuicios causados. El artículo en cuestión terminaba anunciando otro nuevo narrando la historia de la tragedia.

La sociedad presentó una demanda contra el "Sunday Times" por el artículo publicado alegando que incurría en desacato al tribunal ("contempt of court"), ya que trataba un caso que todavía estaba sub judice. La judicatura inglesa, y muy especialmente la Cámara de los Lores, terminó por prohibir la publicación del artículo, señalando que impedía una "administración de la justicia" imparcial, ya que podía influir en las partes en litigio al estar sometidas a presiones como consecuencia de su publicación.

Ante tal situación, el "Sunday Times" presentó demanda ante la Comisión Europea de Derechos Humanos alegando que la prohibición de publicar el artículo sobre los niños de la talidomida conculcaba el artículo 10 del Convenio. También señalaba en la demanda que existía discriminación, contraria al artículo 14 del Convenio. Por ultimo, alegaba que los supuestos de "desacato al tribunal" debían limitarse a la "salvaguarda de la independencia e imparcialidad del poder judicial" y no impedir al "Sunday Times" ejercer su deber de informar al público, por lo que se violaba el artículo 18 del Convenio.

La Comisión emitió su informe el 18 de mayo de 1977, en el que formulaba su opinión:

2. Por unanimidad, que no hubo violación de los artículos 14 y 18 en relación con el artículo 10.

La demanda del "Sunday Times" ante el Tribunal se presentó el 15 de julio de 1977. En la misma se pedía al Tribunal una resolución en la que se declarase el incumplimiento por parte del Reino Unido de sus obligaciones en relación con el artículo 10 del Convenio, así como de los artículos 14 y 18 en relación con el primero.

La Sala competente decidió, en virtud del artículo 48 del Reglamento, elevar el caso al Tribunal en Pleno, ya que "afecta a cuestiones graves que inciden en la propia interpretación del Convenio".

El Tribunal en Pleno, por su parte, decidió:

Para el Tribunal, el incumplimiento del artículo 10 se encuentra en

dos grandes tipos de razones:

1. En primer lugar, en la prohibición impuesta por los jueces ingleses

de publicar el artículo.

El Tribunal sostiene que se trata de una verdadera injerencia de los poderes públicos en el ejercicio de su libertad de expresión, recogida en el párrafo 1 del artículo 10 del Convenio, y que no se trata de ninguna de las excepciones reconocidas en el párrafo 2 de ese mismo artículo; para que se tratase de alguna de estas excepciones era necesario que se diera que:

a)La injerencia de los poderes públicos estuviera "prevista en la ley"(sobre el punto ver ANEXO I para el desarrollo de los considerandos pertinentes).

b)La injerencia fuese necesaria en una sociedad democrática para alcanzar fines legítimos y de interés general.

El artículo 14 del Convenio establece:

El "Sunday Times" invocaba la violación de este artículo, ya que, en su opinión, había existido discriminación, pues los artículos de prensa análogos no habían sufrido ninguna restricción. Sin embargo, el Tribunal rechaza este argumento, pues no considera suficiente motivo el que no se tomaran medidas contra otras publicaciones.

En su segunda argumentación el "Sunday Times" señala que se ha producido discriminación, ya que tampoco sufrió restricción alguna el debate público sobre el problema de la talidomida se llevó a cabo en la Cámara de los Comunes. A este respecto el Tribunal considera que no son comparables ambas situaciones, pues ni la prensa y el Parlamento tienen las mismas responsabilidades y deberes ni cumplen con la misma finalidad.

Asimismo, el "Sunday Times" invocó ante la Comisión la violación del artículo 18, según el cual:

El Tribunal no se pronuncia sobre la posible violación de este artículo en relación con el artículo 10, pues los peticionarios no lo han mantenido ante el Tribunal, ni tampoco el gobierno del Reino Unido ni la Comisión lo han mencionado, por lo que el propio Tribunal estima que "no considera necesario examinar el problema".

[…]

46. Los peticionarios alegan, inter alia, que el derecho aplicable al delito de "desacato al tribunal" ("contempt to court"), tanto antes como después de la decisión de la Cámara de los Lores, era tan vago e incierto y que los principios enunciados en esa decisión eran tan innovadores que la restricción impuesta no podía ser considerada como "prevista por la ley". El Gobierno sostiene que es suficiente, en este contexto, que la restricción sea conforme a la ley; subsidiariamente, que en las circunstancias del caso la restricción era al menos "rudimentariamente previsible" ("roughly foreseeable"). Este último criterio había sido invocado por la Comisión en su informe, aun cuando allí solamente partió de la hipótesis de que los principios aplicados por la Cámara de los Lores estaban "previstos por la ley". Sin embargo, en la audiencia del día 25 de abril de 1978, el delegado principal de la Comisión añadió que, en atención a las incertidumbres de la ley, la restricción no estaba "prevista por la ley", al menos cuando la orden fue emitida por primera vez en 1972.

 

47. El Tribunal observa que la palabra "ley" en la expresión "prevista por la ley" incluye no sólo el derecho escrito ("statute") sino también el derecho no escrito. Concordantemente, el Tribunal no le asigna aquí importancia al hecho de que el delito de "desacato al tribunal" sea una creación del "common law" y no de la legislacio´n escrita. Sería claramente contraria a la intención de los redactores del Convenio sostener que una restricción impuesta por virtud del "common law" no está "prescripta" por la ley por la sola razón de que no está enunciada en la legislación: esto privaría a un Estado del "common law" que forma parte del Convenio de la protección del artículo 10.2. y contra las mismas raíces del sistema legal de ese Estado.

De hecho, los peticionarios no pretenden que la expresión "prevista por la ley" exija un texto escrito en todo caso; su pretensión es que el texto escrito es necesario sólo si –como en el presente caso- las reglas del "common law" son tan inciertas que no satisfacen lo que los peticionarios sostienen que es el concepto consagrado en aquella expresión: a saber el principio de certeza legal.

48. La expresión "prevista por la ley" ("prescribed by the law") figura en el parágrafo 2 de los artículos 9, 10 y 11 (art. 9-2, art. 10-2, art. 11-2) del Convenio, siendo el equivalente en el texto francés en cada caso "previstos por la ley" ("prévues par la loi"). Sin embargo, cuando la misma expresión francesa figura en el artículo 8(2) (art.8-2) del Convenio, en el artículo 1º del Protocolo nº 1 (P1-1) y en el artículo 2 del Protocolo nº 4 (P4-2), figura en el texto inglés como "de conformidad con la ley" ("in accordance with the law"), "provisto por la ley" ("provided for by law") y "de acuerdo a ley" ("in accordance with law"), respectivamente. Confrontadas así versiones de un tratado que son igualmente auténticas pero no exactamente iguales, el Tribunal debe interpretarlas de un modo que las reconcilie tanto como sea posible y sea más apropiado con el fin de de realizar el fin y alcanzar el objeto del tratado (ver sentencia Wemhoff del 27 de junio de 1968, serie A, nº 27, pág. 23, parág. 8º y artículo 33, parág. 4º del Convenio de Viena del 23 de mayo de 1969 sobre el Derecho de los Tratados).
49. En opinión del Tribunal, las siguientes son dos de las condiciones que derivan de la expresión "prevista por la ley". En primer lugar, la ley debe ser adecuadamente accesible: el ciudadano tiene que estar en condiciones de tener una indicación que sea adecuada a las circunstancias de las reglas de derecho aplicables a un caso determinado. En segundo lugar, una norma no puede ser considerada como una "ley" a menos que esté formulada con precisión suficiente para permitirle al ciudadano regular su conducta: él debe estar en condiciones –si fuera necesario mediante consejo apropiado- de prever hasta un grado que sea razonable según las circunstancias, las consecuencias que podrían derivar de una acción determinada. Esas consecuencias no necesitan ser previsibles con absoluta certeza: la experiencia demuestra que esto es inalcanzable. Además, aunque la certeza es altamente deseable, ésta puede llevar consigo una excesiva rigidez y la ley tiene que estar en condiciones de adaptarse a los cambios de circunstancias. De acuerdo a ello, muchas leyes están inevitablemente acuñadas en términos que, en mayor o menor extensión, son vagos y cuya interpretación y aplicación son cuestión de la práctica.
50. En el presente caso, la cuestión acerca de si estos recaudos de accesibilidad y previsibilidad fueron satisfechos es complicada por el hecho de que los diversos Lores ("Law Lords") intervinientes se apoyaron en distintos principios. El tribunal de primera instancia ("Divisional Court") había aplicado el principio de que una intención deliberada dirigida a influir en la resolución de procedimientos pendientes mediante la introducción de presión pública hacia una parte constituye "desacato al tribunal" ("el principio de presión"; ver parág. 23 supra). Algunos miembros de la Cámara de los Lores también aludieron a este principio, mientras que otros prefirieron el principio de que constituye "desacato al tribunal" publicar material que prejuzga, o es verosímil que genere prejuicio público acerca de las cuestiones presentadas en litigios pendientes (el "principio del prejuzgamiento"; ver parág. 29 a 33 supra).
51. Los peticionarios no alegan haber estado desprovistos de indicaciones suficientes, en las circunstancias del caso, sobre el "principio de presión". Más aún, la existencia de este principio había sido reconocida por la asistencia legal del "Times Newspapers Ltd.", a quien se atribuye haber dicho ante el tribunal de primera instancia: "Incluso si ejerce presión sobre una parte, el artículo no constituye de ningún modo desacato, porque [el interés público superior] supera cualquier cuestión de actuación injusta ("wrongdoing"). Alternativamente, si el artículo es prima face desacato, el interés público superior provee una defensa contra aquello que, de otro modo, sería desacato". Nuevamente, Lord Justice Phillimore en la Corte de Apelaciones se refirió a "los masivos precedentes de autoridad ... demostrando que un intento de agitar el sentimiento del pueblo contra una parte es un desacato serio".

El Tribunal también considera que no puede haber dudas de que el "principio de presión" fue formulado con suficiente precisión para permitirle a los peticionarios prever en un grado apropiado las consecuencias que acarrearía la publicación del artículo proyectado. En Vine Products Ltd. V. Green (1966), el juez Buckley había formulado la ley en estos términos: "Es un desacato hacia este tribunal que cualquier periódico comente acerca de procedimientos legales pendientes de cualquier modo que pueda perjudicar el juicio equitativo ("fair trial") de la acción. Esto puede presentarse de diversos modos. Puede ser que el comentario sea uno que de un modo u otro genere presión dirigida hacia una u otra de las partes de la acción, de modo de impedir que esa parte persiga o defienda la acción, o estimular a esa parte a someterse a términos de un compromiso que de lo contrario podría no estar preparada para asumir, o influirla de algún otro modo en su conducción de la acción, respecto de la cual debería estar libre para perseguir o defender, según es aconsejada, sin estar sujeta a semejante presión".

52. Los peticionarios afirman, de otra parte, que el "principio de prejuzgamiento" es novedoso y que, por ende, no podían haber tenido una indicación adecuada acerca de su existencia. El apoyo hacia este punto de vista se encuentra en diversos autores citados por los peticionarios, incluyendo el informe Phillimore, que estableció que la Cámara de los Lores "formuló un criterio bastante distinto" (ver parágrafo 18 supra). Sin embargo, el Tribunal ha también notado lo siguiente:

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Hay dos cuestiones básicas a determinar en el artículo 10. Yo propongo formularlas en dos preguntas:

-Pregunta nº 1:

¿Estaba "prevista por la ley" dentro del ámbito y objeto del Convenio en general, y del artículo 10 en particular, la restricción impuesta por una prohibición judicial sobre el derecho de la libertad de publicar el proyecto de artículo en el "Sunday Times"?

-Pregunta nº 2:

¿Era tal restricción "necesaria", como lo requería el artículo 10, párrafo 2, en una sociedad democrática para mantener la autoridad e imparcialidad del poder judicial y/o para proteger la reputación o los derechos de otros?

Una respuesta afirmativa a la pregunta núm. 1 es condición "sine qua non" para una posible respuesta similar a la pregunta núm. 2.

Mi respuesta a la pregunta núm. 1 es negativa. Trataré de exponer brevemente mis razones:

(1) El artículo 1º del Convenio dice: "Las Altas Partes Contratantes garantizarán a toda persona dentro de su jurisdicción los derechos y libertades definidas en la sección 1 de este Convenio". En la sección 1 el artículo 10, párrafo 1, dice: "Todos tienen derecho a la libertad de expresión. Este derecho incluirá la libertad de opinión y de recibir e impartir información e ideas sin ningún tipo de injerencia por parte de la autoridad publica y sin consideración de fronteras..."

Al determinar el significado, alcance y objeto de las restricciones que deben a ser "previstas por ley" en el párrafo 2 del mismo artículo 10, no debe perderse de vista el hecho de que el derecho a la libertad de expresión garantizado a todo individuo por el párrafo anterior debe ser garantizado, disfrutado o ejercido de una manera razonable. Ambos párrafos son interdependientes. Cualquier restricción que afecte al ejercicio de la libertad de expresión debe ser razonablemente previsible o predecible. No se puede disfrutar o ejercer el derecho a la libertad de expresión si el goce de tal derecho está condicionado y sujeto a una ley, regla o principio lleno de incertidumbres. Esto seria equivalente a una restricción indebida, o incluso a una negación, de tal libertad de expresión. Por lo tanto, soy de la opinión de que la frase "previstas por la ley" o "prévues par la loi" en francés significa una ley que impone restricciones que son razonablemente determinables. La imposición puede hacerse en forma de derecho escrito o de "common law" establecido de manera consistente.

Estoy de acuerdo con los peticionarios en que la rama del "common law" de "desacato al tribunal" que trata de las publicaciones relativas a los procesos civiles pendientes no está "prevista por la ley" dentro del marco y el objeto de los párrafos 1 y 2 del artículo 10 del Convenio. Destaco que, en su informe, la Comisión simplemente procedió asumiendo que la restricción impuesta a los peticionarios estaba "prevista por la ley" y que el delegado principal de la Comisión ha manifestado sus dudas sobre esta suposición en el transcurso de las audiencias orales.

(2) Si una publicación concreta en la prensa y otros medios masivos de comunicación constituye un "desacato al tribunal" en relación a los procesos civiles pendientes, depende del test o de la regla a aplicar. Existen un número de criterios y varios tipos tests disponibles. No hay ninguna práctica establecida o uniforme en cuanto al criterio a adoptar en tal o cual caso y el resultado puede variar según la prueba aplicada.

(3) Los tests y los criterios utilizados en la aplicación del derecho sobre "desacato al tribunal" contra publicaciones en la prensa son tan variados y subjetivos en cuanto a su naturaleza que es muy difícil prever en un caso determinado cuál es el test que se va a aplicar y con qué resultado.

Un claro ejemplo de la incertidumbre y de la situación insatisfactoria del derecho sobre "desacato al tribunal" referido a procesos civiles pendientes vis-a-vis publicaciones de la prensa puede encontrarse en las opiniones en conflicto expresadas por la Cámara de los Lores en el artículo del "Sunday Times" del 24 de septiembre de 1972 sobre la tragedia de la talidomida.

Según Lord Diplock y Lord Simon, el delito de "desacato al tribunal" fue cometido, mientras que Lord Reid y Lord Cross sostuvieron, por el contrario, que no hubo "desacato al tribunal".

Aun en la interpretación del derecho escrito, tanto como en el caso de una regla del "common law", pueden surgir puntos de vista legales discutibles. Pero la posición no es la misma cuando tratamos con una rama del "common law" ("contempt of court") que no está establecida hasta el punto de ser razonablemente considerada como una parte fijada del "common law". Disponemos de un número de principios referentes a dicha rama del derecho. Estos principios podrían ser útiles para interpretar una ley existente, pero no para sustituir a una ley que no ha sido promulgada o establecida por el "common law". Pero dudo mucho si estos principios solos, considerados en conjunto, pueden llegar a constituir una ley.

(4) Jueces eminentes de gran reputación en Inglaterra describen que la rama del "common law" referente al "desacato al tribunal" es incierta, inconsistente y carente de la claridad necesaria. Lord Reid en su sentencia en el presente caso en la Cámara de los Lores sostuvo: "No puedo discrepar con una afirmación en un informe reciente de Justice en "The Law and the Press" (1965) que la objeción principal al derecho existente en materia de desacato es su falta de certeza".

Lord Denning M. R, al dar testimonio ante el Comité Phillimore (véase Parte V, p. 98) en relación con el punto de partida de procedimientos civiles pendientes que afectan publicaciones por la prensa, sostuvo: "Soy totalmente partidario de que esto se esclarezca. En el presente, la prensa duda cuándo deberían formular comentarios en el interés público. La razón es que tiene aprehensiones porque el derecho es tan incierto. Pienso que deberían saber donde están parados".

Lord Salmon, interrogado sobre el momento a partir del cual el desacato debería empezar a ser aplicado en los procesos civiles, contestó (ibid.): "En ninguno, porque no habría configurado ningún desacato. Digo que nunca. Por cierto nunca en un caso tratado por un solo juez. Pienso que la legislación sobre difamación ("libel") se ocupa de todo lo que uno pueda decir acerca de un caso civil y si un juez va a verse afectado por lo que es escrito o dicho, no está en condiciones de ser juez".

En la Parte V del informe del Comité Phillimore, relativa al sumario de conclusiones y recomendaciones, se afirmó en la página 92: "(4) La ley en vigencia incluye incertidumbres que impiden y restringen razonablemente la libertad de expresión ... (5) Un área de incertidumbre se refiere al período en que opera la ley sobre "desacato", en cuanto a si las publicaciones están en riesgo cuando los procedimientos son inminentes y, en su caso, qué período cubre esta expresión".

En qué estadio del procedimiento civil la cuestión disputada debe ser considerada sub judice o el juicio sobre las cuesiones en disputa deba ser considerado como inminente, son preguntas que no pueden ser respondidas con exactitud debido a la falta de claridad en la ley sobre desacato.

5. Hay que tener en cuenta que el "desacato al tribunal" bajo consideración es una ofensa criminal ("criminal offense"), una contravención ("misdemeanour") que acarrea prisión y multa y/o una caución como garantía de buena conducta. Siendo así, pues, el principio fundamental que exige una definición clara y sin ambigüedad de una delito o crimen se aplica también al delito bajo examen de "desacato al tribunal". El procedimiento sumario que se adopta en casos de "desacato al tribunal" genera otra dificultad, a saber, en qué medida este procedimiento es compatible con el artículo 6 del Convenio.

(6) El derecho de la prensa a la libertad de expresión es sin duda una de las características fundamentales de una sociedad democrática e indispensable para mantener la libertad y la democracia en un país. Según el articulo 1 del Convenio, las Altas Partes Contratantes han asumido la obligación de garantizarle a toda persona bajo su jurisdicción los derechos enumerados en la Seccion I del Convenio, y la libertad de prensa figura en dicha sección. El ejercicio y goce de este derecho no puede ser obtenido o alcanzado si están limitados y restringidos por reglas o principios jurídicos que no son predecibles o determinables incluso por un abogado calificado.

El "principio de prejuzgamiento" desarrollado por la Cámara de los Lores en este caso no resuelve el problema al que nos enfrentamos con respecto al artículo 10 del Convenio. Existen dos razones:

2. El "principio de prejuzgamiento" no proporciona a la prensa una guía razonablemente segura para sus publicaciones. La regla absoluta indicada por Lord Cross al aplicar el test del prejuzgamiento –sin tener en cuenta si existe un riesgo real de interferencia con o en perjuicio de la administración la justicia- inhibe publicaciones inocuas que tratan incidentalmente con cuestiones y evidencia en casos pendientes a fin de evitar un deslizamiento gradual hacia juicios por los periódicos y otros medios masivos. Me parece que se trata de una regla absoluta muy restrictiva, difícil de reconciliar con la libertad de prensa. En un asunto de interés público tal como la tragedia nacional de la talidomida sería muy difícil evitar, de un modo u otro, la referencia a cuestiones y evidencia involucrada en un caso pendiente.

Conclusión para la pregunta núm. 1:

Según mi punto de vista, la rama del "common law" concerniente al delito de "desacato al tribunal" en materia de publicaciones por la prensa y otros medios de comunicación en conexión con procesos civiles pendientes era -al menos en la época de los hechos- incierta e inestable -e indeterminable incluso para un abogado calificado- a tal punto que no podía ser considerada como "prevista por la ley" según el objeto y fin de los artículos 1 y 10(1) y (2) del Convenio. La frase "prevista por la ley" en este contexto no significa simplemente una restricción "autorizada por la ley" sino que necesariamente significa una ley que sea razonablemente comprensiva en describir las condiciones para la imposición de restricciones sobre los derechos y libertades contenidas en el artículo 10 (1). Como dijimos anteriormente, el derecho a la libertad de la prensa será drásticamente afectado a menos que los hombres de prensa, con un grado razonable de cuidado y consejo legal, puedan hacerse informar y advertir de los riesgos y escollos que se presentan debido a las indeterminaciones del delito de "desacato al tribunal".

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Estoy de acuerdo con las conclusiones del Juez Zekia y con sus razonamientos respecto de las cuestiones 1 y 2.

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Aunque voté junto a la mayoría del Tribunal en todos los puntos de las disposiciones operativas del pronunciamiento, considero que la interferencia, como está fijada en la ley por la decisión de la Cámara de los Lores, no puede ser considerada como "prevista por la ley" en el sentido del Convenio.

Las restricciones al derecho a la libertad.de expresión que están contempladas en el parágrafo 2 del artículo 10 constituyen excepciones al ejercicio de ese derecho. Como tales, no sólo deben ser interpretadas en forma restrictiva (Klass y otros, sentencia del 6 de septiembre de 1978, serie A, núm. 28, pág.21, párrafo 42 citada en parágrafo 65 de esta sentencia), sino que también presuponen una definición en el derecho doméstico que sea suficientemente clara y sin ambigüedades, de modo tal que permita a cualquier que ejerce su libertad de expresión actuar con razonable certeza acerca de las consecuencia en derecho de su conducta.

Sería difícil afirmar que la acción tomada contra los peticionarios satisfizo esta condición. En el Reino Unido, la incertidumbre de la legislación sobre "desacato al tribunal" habitualmente suscita críticas en la literatura y en decisiones judiciales, al igual que en los informes de varias comisiones de investigación o reforma (ver Informe del Comité de desacato al tribunal, 1974, Cmnd. 5794, pár. 216, sub-parágrafos (4) y (5)); este aspecto fue destacado por la aplicación de la ley por la Cámara de los Lores en este caso , a través del "principio de prejuzgamiento" (ver la directiva emitida por la Cámara siguiendo su sentencia). Es significativo, primero, que la mayoría de la Comisión dudó en pronunciarse directamente sobre el fondo de la cuestión (Informe de la Comisión, parágrafo 205) y, segundo, que las referencias que aparecen en el pronunciamiento del Tribunal en sustento del punto de vista de que la interferencia basada en la decisión de la Cámara de los Lores estaba "prevista por la ley" no son muy convincentes. La decisión del Tribunal cita, en particular, dos precedentes (ver parágrafos 51 y 52). El primero, Vine Products Ltd. V. Green (1966), que estaba basado en el "principio de presión", fue criticado varias veces por los Lores Jueces en el contexto del presente caso. El segundo, Hunt v. Clarke (1889), no parece haber motivado la decisión de la Cámara de los Lores al definir el "principio de prejuzgamiento". Nuevamente, es llamativo que el último de los principios no fuera la base legal de alguna de las decisiones adoptadas en este caso por los demás tribunales ingleses, incluída la decisión del juez de primera instancia que en 1976, tres años después del pronunciamiento de la Cámara de los Lores, desestimó la prohibición judicial ("injunction"). Si, en consecuencia, se debe concluir que el principio que justifica la interferencia bajo el derecho doméstico es nuevo (ver C. J. Miller, en The Modern Law Review, vol. 37 (1974), pág. 98), su implementación por los máximos tribunales nacionales demuestra ser incompatible con los recaudos del artículo 10 (2) del Convenio.

Por cierto, nadie puede pasar por alto las particularidades de un sistema legal doméstico en cuya formación la jurisprudencia es tradicionalmente llamada a cumplir un rol preminente; tampoco nadie puede perder de vista el hecho de que las delimitaciones de las restricciones mencionadas en el artículo 10 (2) del Convenio emplean conceptos indeterminados que no siempre se compadece con la existencia de reglas de conducta legales que sean suficientemente precisas, ciertas y previsibles en su identificación por el juez. Sin embargo, pesaba sobre el Tribunal una obligación de ser más prudente antes de adoptar una interpretación generosa de la frase "prevista por la ley"; la consecuencia de tal interpretación será debilitar el principio de la "regla de derecho" ("rule of law") y de exponer una libertad fundamental, que es vital para la sociedad democrática que tuvieron en vista los redactores del Convenio, al riesgo de interferencias que no pueden ser reconciliadas con la letra y el espíritu de ese instrumento.

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